Dr MIGUEL BENASAYAG

Nacido en Argentina y exiliado en Francia a fines de la década de 1970, reside en Paris desde aquella época, aunque visita nuestro país de manera regular.Es Doctor en psicopatología, filósofo, investigador, psicoanalista y un activo militante político.Autor de más de 30 libros publicados en 12 idiomas, entre otros:“La Fragilité” (1999), “Connaitre est Agir”(2008), “Organisme et artefacte” (2010), "Mythe de L´ individu”(2000) y “L’eloge du Coflit” (2009). Varios de ellos fueron traducidos al castellano. Actualmente es Director del Proyecto “Laboratorios Sociales en Argentina” en red con Brasil-Francia-España e Italia-

lunes, 27 de febrero de 2012

Recomendamos esta Nota: Internación de niños en instituciones Psiquiátricas Porteñas

  Jueves, 23 de febrero de 2012

“Un chico encerrado en un depósito”

A partir de sus denuncias sobre situaciones que se habrían registrado en el Hospital Tobar García y en establecimientos privados, la asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires formula observaciones inquietantes sobre las condiciones de internación en salud mental de niños, niñas y adolescentes bajo la administración del gobierno de Mauricio Macri.

Por Laura Musa *


En el artículo “El Tobar García no es un manicomio”, publicado el jueves 9 de febrero en este diario, el doctor Eduardo Diego Friedman, jefe de la sección Psiquiatría y Psicofarmacología del Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobar García (GCBA), afirmó que la Asesoría General Tutelar dio por válida la respuesta que el referido hospital remitió a este organismo respecto de las “contenciones físicas” de los niños y jóvenes internados.
                                                                                                                                                                                                                                         Imagen: Pablo Piovano
Nos vemos en la obligación de señalar que la respuesta a la que hace referencia el profesional no fue dada por válida, como equivocadamente indica, ni el trámite se agotó allí. La cuestión se originó cuando, en 2011, integrantes del equipo de Salud Mental de esta Asesoría, en una visita al Hospital Tobar García, tomaron conocimiento de la situación de un chico de 11 años allí internado, que había estado “contenido físicamente” (inmovilizado mediante ataduras), sin que hubiera una indicación consignada en la historia clínica. El informe con que ese hospital respondió a nuestro requerimiento no daba, a nuestro criterio, contestación cabal al mismo. Por eso, elevamos la respuesta recibida a la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, con el fin de que la autoridad de aplicación de la Ley 448 se expidiera respecto de la validez del informe remitido por el hospital. Hasta el momento, no obtuvimos respuesta y, en consecuencia, desconocemos si en la Ciudad de Buenos Aires se implementa un protocolo que regule las contenciones físicas.


Otra situación que motivó una causa penal fue la denuncia que recibimos el año pasado sobre un chico que habría sido encerrado en un cuarto, utilizado como depósito, que no tenía picaporte del lado de adentro. Efectivamente, constatamos la existencia de ese cuarto, el registro de ese niño como internado y constatamos también que lo sucedido había sido consignado en la historia clínica. Ese registro, sin embargo, no había dado lugar a ninguna investigación. Inmediatamente efectuamos una denuncia penal y sólo después de esto abrieron un sumario administrativo.
Por otra parte, a ese escenario debe sumarse las prolongadísimas internaciones innecesarias que se producen en los hospitales monovalentes de salud mental con los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad psicosocial, quienes permanecen en el hospital a pesar del alta de internación. Esa práctica, declarada ilegal por la Justicia de la CABA en la causa Nº 20384/10 del 21 de diciembre de 2010, produce la iatrogenia que todo encierro innecesario provoca y lesiona indiscutiblemente los derechos de esos niños y niñas.



Esta situación afecta principalmente a chicos y chicas en situación de pobreza que, previo a la internación, están en situación de calle o internados en instituciones de albergue. Por no implementarse adecuados recursos que fortalezcan a sus familias, son derivados a establecimientos privados, eufemísticamente llamados “hogares”, contratados por el Gobierno de la Ciudad, que les paga elevadas cápitas. La pobreza, aun cuando no sea la única, es la variable común a todas esas institucionalizaciones. Una vez allí, distintas manifestaciones de los niños tales como trastorno del control de los impulsos, desorganización de la conducta, baja tolerancia a la frustración son traducidas como diagnósticos psicopatológicos y derivados para su internación en hospitales psiquiátricos. La internación configura una nueva marca y se constituye en un “motivo” usado por las instituciones convivenciales para rechazar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de alta hospitalaria y no puedan regresar con sus familias o referentes afectivos. Las instituciones suelen fundar sus negativas en el hecho de que, según alegan, las personas evaluadas “no cumplen con el perfil institucional”.
Esta circunstancia provoca la prolongación innecesaria de las internaciones de las personas menores de edad, lo que motivó que el Ministerio Público Tutelar iniciara en primer lugar acciones de amparo destinadas a que el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA brindara los recursos adecuados para efectivizar las externaciones. En simultáneo y a fin de denunciar la privación ilegítima de la libertad en la que estaban esos niños, iniciamos una acción de hábeas corpus en el marco de la cual se declaró ilegítima la práctica sistemática llevada a cabo por el GCBA y se lo condenó a la creación de dispositivos que –en cumplimiento de tratados internacionales y leyes nacionales y locales– hicieran cesar las graves vulneraciones de derechos humanos que esa práctica conlleva. Sin embargo, todavía hay unos diez niños en esas condiciones en los hospitales porteños, lo cual pone en evidencia la falta de dispositivos para tratamiento ambulatorio, acompañantes terapéuticos, casas de medio camino, hospitales de día.
Del mismo modo, en los hospitales Borda y Moyano existe una gran cantidad de pacientes que permanecen internados durante décadas, pese a haber tenido, en algún momento de su vida, el alta hospitalaria. La inexistencia de dispositivos que promovieran las externaciones hizo que se los “protegiera” y se los mantengan en esos hospitales como “pacientes sociales”.
También en otras instituciones –de carácter privado, contratadas por la Dirección General de Salud Mental del GCBA– se han verificado “contenciones físicas”, es decir, pacientes inmovilizados mediante ataduras, sin indicación profesional y sin registro. Esto motivó la intimación al Gobierno de la Ciudad que culminó con la decisión de la Administración de trasladar a todas las personas allí alojadas, además de la cancelación de la inscripción de uno de esos establecimientos en el Registro de ONG del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sin embargo, otras dos instituciones privadas, severamente cuestionadas por los propios equipos de la Dirección General de Salud Mental, debido a los altos niveles de medicalización, aún mantienen sus convenios con el GCBA, a pesar de que la anterior gestión de la referida dirección informó a esta Asesoría la decisión de rescindir los contratos con esas prestadoras, debido a las irregularidades constatadas.
En este contexto, los sistemas de control se tornan indispensables. Sin embargo, la Dirección General de Salud Mental porteña, con el pretexto de optimizar las respuestas y la debida atención a los/as asesores/as tutelares, suscribió el Memorándum Nº 1.927.071/11, que cercena la función constitucional de este Ministerio Público y obstaculiza el cumplimiento del deber de denuncia de los equipos de salud, al ordenar a los directores de los hospitales sumariar a los empleados que respondan preguntas de este organismo. La ley nos obliga a ejercer funciones de control y las autoridades de las diferentes áreas deberían pensar nuestra intervención como parte de los mecanismos de control dispuestos legalmente para preservar los derechos y las garantías de las personas internadas. Esto se ve obstaculizado por la circular que pretende impedir a este organismo de control acceder a información en los hospitales públicos, especialmente en los monovalentes. Lo cual plantea una seria dificultad para corroborar el estado de los derechos humanos de las personas en los lugares de internación en salud mental en la ciudad. (N. de la R.: Página/12 informó sobre este conflicto en su edición del 20 de noviembre de 2011.)
La creación e implementación de una política pública integral en materia de salud mental y adicciones respetuosa de los estándares normativos devienen imperiosas en la Ciudad de Buenos Aires. Sólo así se lograrán articular las distintas áreas de gobierno implicadas: principalmente Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Vivienda, Educación.
El aislamiento e incomunicación entre las distintas áreas gubernamentales y la proliferación de efímeros programas –focalizados y desfinanciados– atentan contra un abordaje universal como verdadera política de atención en salud mental.
La Ley de Salud Mental define diferentes niveles de responsabilidades cuyos obligados, claro está, no son únicamente los/as profesionales de la salud, en tanto es imposible que un/a agente del sistema sanitario cargue sobre sus hombros con las múltiples responsabilidades estatales que se encuentran involucradas en las complejas situaciones que vivencian las personas afectadas en su salud mental.
Los numerosos “pacientes sociales” son la escandalosa muestra de la falencia en la externación asistida de personas que no deberían estar internadas.
Es claro que la creación de los dispositivos necesarios para un abordaje no manicomial de la salud mental requiere, como es lógico, partidas presupuestarias suficientes. En este sentido, urge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedique efectivamente presupuesto a la salud mental, tal como lo dispone la Ley Nº 26.657.
El padecimiento psíquico de los niños y las niñas demanda una transformación del sistema de salud a partir de un modelo que priorice la atención comunitaria, que tienda a evitar la medicalización, las contenciones físicas, la estigmatización, y asegure la erradicación de las internaciones innecesarias de los niños/as con mayor nivel de vulnerabilidad psicosocial. Ese complejo proceso requiere de decisiones políticas, pero también del involucramiento de los equipos de salud y de los operadores judiciales para repensar roles y prácticas que contribuyan a ese cambio.

* Asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.asesoria.jusbaires.gob.ar

viernes, 24 de febrero de 2012

APOYO al Programa de Atención Comunitaria - Nota Periodística-

Sociedad ---22.02.2012 | 
Es el prestigioso Programa de Atención Comunitaria de Niños y Niñas con Trastornos Mentales Severos (PAC)
Denuncian que quieren cerrar un programa de salud mental infantil
 Lo indican padres, chicos y profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento trabajan con 250 niños. Les comunicaron que debían trasladar a los chicos a instituciones psiquiátricas. Las pastillas como forma de control.

La comunidad de profesionales de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, junto a padres y chicos con problemas psiquiátricos, mostraron su preocupación por el posible cierre del Programa Atención Comunitaria de Niños y Niñas con Trastornos Mentales Severos (PAC), uno de los más prestigiosos del país, y advirtieron una profundización de la política de salud mental del Ejecutivo porteño que busca financiar internaciones prolongadas en clínicas psiquiátricas en lugar de desplegar estrategias de reinserción social y rehabilitación.
El PAC funciona desde 2007 en el Centro de Salud Mental 1 dependiente del gobierno de la Ciudad, ubicado en Manuel Pedraza 1558, aunque los mismos profesionales vienen trabajando hace más de 20 años. Ha tratado a más de 500 chicos, y en la actualidad trabajan con unos 250, de los cuales 80 aún están institucionalizados en hogares.
Según la propia resolución ministerial que lo crea, en concordancia con los postulados de las nuevas leyes de Salud Mental nacional y de la ciudad, su objetivo es apuntar a una atención integral de la salud, con la función de armar redes de contención socio-familiar para niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psicosocial.
“Tiene la mirada puesta en el contexto, y no en los individuos, sino privatizamos los problemas y los que terminan etiquetados y medicalizados son los chicos”, expresaron profesionales del PAC.
El trabajo con cada chico se centra en no apuntar a su encierro, sino todo lo contrario: analizar cómo sus problemas están atravesados por su entorno social y familiar, y aspirar con un trabajo interdisciplinario e intersectorial en red a que el joven pueda reinsertarse puertas abiertas.
El objetivo es evitar su medicalización y buscar que el tratamiento sea cerca de su territorio, contextualizándolo, junto a la realización de talleres y jornadas de recreación, como hicieron en el zoológico para el día del niño. 
Sin embargo, el 30 de enero, el director del Centro de Salud Mental 1, Ricardo Soriano, llamó a una de las responsables del programa para elevarles la comunicación que había recibido horas antes de parte de la directora de Salud Mental de la Ciudad, María Grosso: el PAC debía cerrar, y los pacientes “que sean necesarios” debían ser trasladados a instituciones psiquiátricas.
Los afectados hicieron mención a un caso particular que despertó la crítica de Grosso: “Creemos que el conflicto aparece porque, a partir de un pedido de la Asesoría General Tutelar de Ciudad, estamos trabajando con la Dirección de Niñez para desinstitucionalizar a los 13 chicos del hogar Imai. Niñez nos contactó para ver si podíamos relocalizar a sus familias o si no trasladarlos a un lugar mejor.”
“La hipótesis que tenemos –continúan– es que la dirección de Salud Mental quiere contratar y ‘conveniar’ este hogar, a otro precio, y la única forma por la cual no puede hacerlo es por los informes que nosotros presentamos.” 
Gabriela Dueñas, integrante del ForumAdd (Equipo Interdisciplinario de lucha contra la medicalización de la Infancia) que forma parte de la red de trabajo, expresó a Tiempo Argentino que “existe la firme pretensión de desarticular el PAC, desvincular a sus responsables, y derivar a los chicos, incluyéndolos en el Programa Puertas adentro del Tobar García, que también tiene limitaciones de camas, por lo que los derivarían a hogares privados”.
Dueñas señaló que “de este modo, uno de los pocos programas que funcionan extramuros sería acotado en lo que es, tal vez, su mayor mérito”.
La comunidad destacó que en la Ciudad existen unos 30 hogares que albergan a más de 900 chicos. Para Dueñas, esto supone por un lado “la privatización de la salud mental”, y agregó: “Al desenraizarlos de su lugar de origen, encerrándolos y descontextualizándolos, estamos justamente vulnerando el derecho que tiene que ver con el abordaje integral de la salud”.
Si esto se concretara, “de la mano del cierre vienen las prácticas de medicalización, apelando al abuso de drogas psicotrópicas para aquietar a los chicos, muchos de los cuales están en situación de calle. Apelan a lo que en criollo podría llamarse el ‘empastillaje como una forma de control. Y además, acá también juegan los intereses de los laboratorios y los hogares privados de internación. Está todo ligado”.<
Los avances de Ignacio
A Ignacio Cipela le encanta viajar. Enumera todas las líneas de trenes, cuenta que sale todos los días solo a andar en bici o a caminar al parque, cercano a su casa en Floresta. Ignacio tiene 15 años, y desde su primera infancia sufre dificultades “de crecimiento, maduración, y problemas psiquiátricos”, según relata su madre, Sandra Calvo, de 44 años. Cuando nació, vivían en Concordia, Entre Ríos, y a los pocos años se mudan a Capital, donde empieza a tratarse con el equipo de Alejandra Barcala, para luego pasar a integrar el PAC en 2007. “La manera de trabajar que se tiene bajo este programa es muy interesante, porque no es el niño dentro de un consultorio con un profesional. Ignacio acá recibe un tratamiento integral con psicopedagogas, psiquiatra, y hasta acompañante terapéutico para cuando un familiar quiebra, como me pasó a mí hace un año y medio”. Uno de los principales avances fue enseñarle a movilizarse solo, que adquiriera autonomía. Hoy puede subirse solo a un colectivo, ir al consultorio de su psicólogo o de compras, y este año arrancará en la Escuela Especial 13, con formación laboral. Debió perder cuatro años hasta poder dar con un establecimiento: “En unas no entraba porque el perfil conductual no daba, en otras porque al ser escuelas de recuperación no tenía nivel de repitencia suficiente para ingresar allí, en una especial tampoco porque el nivel intelectual daba para entrar a una de recuperación, recién ahora va a ingresar a una escuela pública”. En estos cuatro años fue a parar a centros educativos terapéuticos, a los que su madre llama pequeños manicomios infantiles: “Están ‘custodiados’, como una guardería para más grandes, donde no reciben una educación curricular. Dicen que los preparan para actividades desde la vida cotidiana.Sin embargo las aulas no tienen picaporte por lo cual los chicos no son dueños de salir solos para ir al baño, que tampoco tienen picaporte. No dejan de tener una mirada de que los chicos son peligrosos y que pueden escaparse”. Sandra pertenece a la red FUV, de usuarios, familiares, y voluntarios por los derechos de las personas con padecimiento mental. Desde allí le llegó la noticia del posible cierre del PAC. “Hay muchos chicos que no tienen a nadie que vaya a luchar por ellos y sus derechos. Son estos los que en realidad no le importan a nadie, ni a Macri ni a Grosso (María, la directora de Salud Mental). Si el PAC desaparece lo que queda es la nada.” A su lado, Ignacio cuenta que es fana de la computadora y del básquet: “Manu y Scola son los dos que sigo. Scola cuando hace el bombazo mata cestas”. Que cuando termine la escuela será ingeniero aeronáutico y que a futuro quisiera “hacer un viaje de larga distancia, a las cataratas, por ejemplo, con mis compañeros”. Y advierte: “Como representante del PAC digo que si tenemos que protestar o hacer piquetes frente al gobierno de la Ciudad, lo haremos. Tomamos la calle Cerrito, de punta a punta”. 
Solidaridad de psicólogos
La noticia generó una respuesta inmediata de diversos sectores. La Asociación de Psicólogos de la Ciudad se solidarizó con los profesionales y la situación de las familias, “expuestos a medidas que generan una nueva o más victimidad”; mientras que José Machain, consejero por la Legislatura en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, afirmó que la noticia “coincide con versiones que me hicieran llegar”, y advirtió que planean citar a Grosso para el último martes de este mes. A su vez, en la Legislatura impulsa un proyecto de ley que “proteja” al PAC.
Lógica privatizadora
Desde el ámbito legislativo también criticaron la política del macrismo en salud mental. Los diputados de Proyecto Sur y el Frente para la Victoria avanzan en declarar al PAC de interés público. Mientras tanto, a nivel nacional, el senador kirchnerista Daniel Filmus se plegó a la denuncia realizada por el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad a raíz de la reubicación de los pacientes de los hospitales Borda y Moyano. La Resolución Nº52/MSGC/12 del Ministerio de Salud porteño aprueba pliegos para licitar el servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos a un monto de $ 12,7 millones.
“Una vez más el jefe de gobierno de la Ciudad no cumple con la ley, porque Macri atiende los temas de la Ciudad con lógica privatizadora”, aseguró Filmus, quien afirmó que esta resolución incumple el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad y además viola las actuales leyes de salud mental, tanto la 26.657 de la Nación como la 448 de Buenos Aires, las cuales “prescriben la creación de dispositivos intermedios alternativos que permitan la pronta reinserción social de los afectados, previniendo y sustituyendo progresivamente las internaciones prolongadas, de probada ineficacia en todo el mundo”.
“Está en juego un posicionamiento político que reproduce prácticas de control social”
 Desde comienzo del proceso democrático en la Argentina se han desarrollado, en diferentes jurisdicciones, procesos de transformación en el campo de la salud mental: de prácticas hospitalocéntricas a prácticas comunitarias basadas en el respeto de los derechos de los usuarios. Diferentes tratados internacionales, legislaciones nacionales (particularmente la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657), y legislaciones provinciales (incluso la misma Ley de Salud Mental que rige en la Ciudad de Buenos Aires, Ley 448), marcan el camino hacia la consolidación de procesos des/institucionalizadores con garantía en la asistencia.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos privilegiados en estos procesos; sin embargo existe un fuerte rumor que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires plantea hoy, a través de la Dirección de Salud Mental, un camino inverso: la desarticulación del Programa de Atención Comunitaria a Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (PAC). 
Si esto ocurriera, no puede leerse sólo como el cierre de un programa, sino como un verdadero posicionamiento político, social y económico que reproduce prácticas de control social para estos grupos vulnerable.
Los procesos de medicalización y medicamentalización de la infancia; la incidencia de factores de demarcación entre salud y enfermedad,  entre normalidad y anormalidad; las prácticas de exclusión social en instituciones de encierro, en este caso además privadas, son algunos de los aspectos que están en juego. 
El PAC hoy se ha convertido en el espacio social que ubica el punto de inflexión sobre el cual no podemos permitir avanzar.
El PAC es hoy un lugar donde los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales severos reciben asistencia, cuidados; pero también, y particularmente, es un lugar de inclusión social desde donde se promueven y garantizan sus derechos.


Desde el Frente de Artistas del Borda- “Existimos a pesar del manicomio”-

- Jueves, 23 de febrero de 2012
Por Alberto Sava *

En el artículo “Buenos Aires no es Trieste”, publicado en esta sección el 9 de febrero pasado, Hernán Scorofitz señala, con referencia al Hospital Borda, que “riquísimas experiencias han surgido en el interior de los muros: el Frente de Artistas del Borda y Radio La Colifata”. Pero olvida decir que subsisten a pesar del Borda. Reitero mi postura en favor de la desmanicomialización y en apoyo a la Ley 448 de la CABA y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Se trata de defender el hospital público y no a los manicomios, sean éstos públicos o privados. Estuve en Trieste hace cuatro años, haciendo una pasantía desde la cual puedo dar cuenta de esa experiencia desmanicomializadora creada por el doctor Franco Basaglia. También conozco las de Río Negro, San Luis y otras, y he podido comparar las diferencias positivas de estas propuestas con las de los “hospitales psiquiátricos”, bien llamados hospicios, asilos, loqueros, manicomios, depósitos de personas.

Las primeras, las desmanicomializadoras se construyen desde la dignidad humana, para garantizar la atención en hospitales generales o centros de salud, con internaciones cortas –en Trieste, el promedio de internación es de 15 días– y tratamientos básicamente ambulatorios, en un marco en que el Estado garantiza la vivienda, el trabajo, la educación, la salud y los afectos de las personas con sufrimiento mental, a través de leyes nacionales y provinciales. Esto se organiza con los mismos recursos económicos, técnicos y humanos y sin pérdidas de fuentes de trabajo.

En cambio, los hospitales psiquiátricos monovalentes, públicos y privados, se construyen y se sostienen desde el maltrato, la segregación, la sobremedicación, la discriminación, y muchas veces la violencia física y psíquica, en ausencia de libertades individuales y con mala calidad de vida en cuanto a alimentación, ropa, higiene y sociabilidad. En definitiva, son monumentos a las violaciones de los derechos humanos. Son un cachetazo a la dignidad humana. Basta visitar cualquier manicomio del país, y conozco muchos, para darse cuenta de esta realidad.

Ya en 1990, la Organización Panamericana de la Salud, integrante de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en la Declaración de Caracas –de la cual la Argentina es país firmante– señaló que “el hospital psiquiátrico aísla al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social, y crea condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo”; e instó “a organizaciones, autoridades de salud, profesionales de salud mental, profesionales del derecho y usuarios de los sistemas de salud mental a la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América latina para llevar a cabo distintas estrategias a fin de lograr la reestructuración de la atención psiquiátrica en América latina, la actualización de legislaciones nacionales de tal forma que se asegure el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidades mentales y sus familiares, y se promueva la organización de servicios comunitarios que contribuyan a que estas personas puedan disfrutar de la libertad personal y, por consiguiente, ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y otras libertades fundamentales en pie de igualdad respecto de otros seres humanos”.

Entonces, la crítica es al manicomio y a las personas que sostienen una forma de atender y entender el sufrimiento mental, que no sólo afecta a las personas que en él viven: también muchos trabajadores son víctimas del manicomio, y he sido testigo. Doy fe de que existen trabajadores –profesionales, enfermeros, técnicos, empleados administrativos y de mantenimiento, entre otros– que son respetuosos, dignos de su labor; tienen una escucha nueva, colaboran con nuestras propuestas desmanicomializadoras y trabajan a favor de procesos de cambios. Pero al mismo tiempo se convive con actitudes y propuestas corporativas de asociaciones médicas y gremiales que están en contra de la desmanicomialización, o sea en contra de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y de la nueva Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

Estas organizaciones sindicales y profesionales muchas veces se movilizan ante las amenazas del cierre del hospital público: de acuerdo, si ése es el espíritu verdadero, pero, una vez defendido el hospital público, me pregunto por qué no se movilizan para que se cierre el manicomio. Entonces, esas movilizaciones sostienen una trampa, que es el mantenimiento de la estructura manicomial, en contradicción con el espíritu y la letra de las dos leyes de salud mental vigentes y votadas democráticamente.

En el caso del Frente de Artistas, su estructura es horizontal y se socializa el poder a través de la participación de todos los integrantes: usuarios-artistas y coordinadores. Casi 200 usuarios-artistas internados y ambulatorios participan diariamente en 12 talleres artísticos. Más de 30 coordinadores trabajan ad honorem, con más de 6000 presentaciones en todo el país, la organización de once festivales latinoamericanos de arte “Una puerta a la libertad-No al manicomio” y la fundación de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, entre muchas otras actividades con reconocimientos nacionales e internacionales.

El Frente de Artistas del Borda no pertenece a la estructura de la institución Borda y, por lo tanto, no contamos con recursos económicos, técnicos ni humanos. Nos vimos obligados a crear, por fuera, una asociación civil, que se llama Frente de Artistas, para conseguir esos recursos. Además de este desconocimiento institucional, escamotean ayuda, boicotean propuestas e ideas, e incluso han inventado el Centro Cultural del Borda, dirigido por un médico psiquiatra, con la intención de perjudicar, dividir, confundir y debilitar nuestra lucha desmanicomializadora.

El Frente de Artistas del Borda existe a pesar del Borda. Con sus coordinadores y talleristas-artistas y junto a cada vez más trabajadores, grupos e instituciones sociales, luchará y resistirá desde el arte hasta que los muros caigan. Hasta que la Argentina sea como Trieste.

* Fundador y coordinador del Frente de Artistas del Borda; presidente de la Red Argentina de Arte y Salud Mental.

martes, 7 de febrero de 2012

NOTA DE APOYO AL "PAC" por Miguel Benasayag

En la última reunión del grupo de dirección frances e italiano de los "Laboratorios Sociales", donde se encontraban los profesores Max Leguem (Ris Orangis) Carole Berberri (Universidad de Paris VIII) Enrico Parsi (coop Italia) entre otros, he comunicado la inquietud que tenemos por la situación que esta atravesando una de nuestras profesionales referentes en nuestro proyecto, la Licenciada Alejandra Barcala. Es con inquietud pero con pena que nos hemos enterado que una vez más, consideraciones de tipo (por lo menos) no profesionales ponen en riesgo la continuación en buenas condiciones de un trabajo que lleva años y que es reconocido nacionalmente e internacionalmente. El conjunto de los asistentes a la reunión han llegado al acuerdo de dar todo nuestro sostén a esta remarcable profesional que entre otros méritos tiene el de ser aqui en Europa apreciada y reconocida por su labor.

Dr. Miguel Benasayag
Director de LSA

viernes, 3 de febrero de 2012

Se advierte sobre posibles medidas del gobierno macrista tendientes a desarticular, relocalizar y desvincular a las profesionales a cargo del PAC

-Programa de Atención Comunitaria para niños en situación de alta vulnerabilidad psico social de Ciudad de Buenos Aires-
El Programa de Atención Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conocido por sus siglas PAC, tiene, desde su creación, la función de armar redes de contención socio-familiar para niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psico-social, desde lo familiar, lo habitacional, y desde el riesgo de embarazo adolescente, etc. El PAC, creado hace pocos años contribuye enormente a promover el ejercicio de derechos, particularmente el que refiere a la atención integral a su salud.

En los últimos días sin embargo, circula de manera fehaciente en círculos profesionales la preocupante versión de que la Dirección de Salud Mental de la CABA, a cargo de la Dra. María Grosso, tendría la firme pretensión de desarticular el Programa, relocalizando de manera inconsulta a los profesionales a su cargo, como Alejandra Barcala y Patricia Alvarez Zunino, e incluir el Programa “puertas adentro” en el Hospital Psiquiatrico Infanto Juvenil Tobar García. De tal modo uno de los pocos programas que funcionan extramuros sería acotado en lo que es, tal vez, su mayor mérito.

A contramano de las experiencias mundiales en Salud y de las recomendaciones de los organismos internacionales que entienden a la Salud Mental como un conjunto de prácticas interdisciplinarias e interinstitucionales organizadas con una idea territorial, de cercanía de los efectores con las situaciones que deben abordar, la direccion de SM de la CABA priviliegia un modelo hospitalocentrico, donde mas que interdisciplina se practica un modelo médico/psiquiátrico hegemónico que resalta los abordajes mas vinculados a lo biológico y los desvincula del contexto epocal olvidando que en tanto humanos aún nuestra biología esta hecha de lazo social y de historia. Del tiempo que nos toca vivir.

Esta preocupación se alimenta además por la presencia de otras medidas congruentes con un modelo psiquiátrico autoritario en lo disciplinario, biologizante en su concepción y mercadotécnica en su gestión como la pretensión de financiar internaciones prolongadas en clínicas psiquiátricas en lugar de desplegar estrategias de reinserción social y rehabilitación, medidas que conllevan además una privatización de la salud.

Resulta muy importante entonces alertar a todas las asociaciones y colectivos profesionales que desde distintas disciplinas se ocupan de atender a niños y jóvenes, trabajando por la promoción de los Derechos de los Niños, para sumar acciones tendientes a "evitar" -en la medida de lo posible- que esta medida contra el PAC se concrete en el contexto de otras situaciones graves ligadas al campo de la salud mental que viene padeciendo la ciudad, y ofrecer todo nuestro apoyo y respaldo a las profesionales a su cargo.



Gabriela Dueñas
Integrante del Equipo ForumAdd- Representante de Laboratorios Sociales Argentina

ESTE BORRADOR SERA NOTA PERIODISTICA EN BREVE PERO VALE LA PENA DIFUNDIRLO DESDE AHORA-